​¿De quién es realmente el espacio público? Cuando las plazas dejan de ser de los vecinos

En los papeles, las plazas y parques de la Ciudad de Buenos Aires son espacios públicos diseñados para el encuentro, el descanso y el esparcimiento de todos los ciudadanos. En la práctica, sin embargo, cabe hacerse una pregunta incómoda pero necesaria: ¿quiénes son hoy los verdaderos dueños del espacio público? Porque mientras se sostiene un discurso de acceso abierto, en muchos barrios la mayoría de los vecinos termina expulsada de sus propias plazas, desplazada por minorías organizadas que ocupan los predios de manera permanente, muchas veces con aval estatal o político y financiadas con los impuestos de los mismos contribuyentes que quedan afuera.

​El «loteo» cultural y político en la Plaza Martín Fierro

​Lo que ocurre en la Plaza Martín Fierro, en San Cristóbal, es un ejemplo elocuente de esta apropiación. La grilla semanal del predio está prácticamente tomada por actividades que responden a agrupaciones políticas y culturales subsidiadas por el Ministerio de Cultura porteño: ensayos permanentes de murgas como La Resaca, encuentros de milonga y actividades de centros de jubilados vinculados a sectores partidarios.

​Si bien desde el ámbito cultural y estatal se suele defender esta programación bajo el argumento de democratizar el acceso al arte y sostener tradiciones barriales como el carnaval o el tango, la realidad cotidiana del frentista es muy distinta. Existen normativas que fijan días y horarios para los ensayos, pero en la práctica los límites no se respetan. El resultado es una contaminación sonora insoportable durante varios días a la semana, amparada por la inacción —o directa protección— de la Junta Comunal. Cuando un espacio verde está ocupado el cien por ciento del tiempo por grupos cerrados y ruidosos, el vecino común pierde su lugar.

​Parque de la Estación: lucro privado sin permisos, abandono estatal e inseguridad

​En el Parque de la Estación, en Balvanera, el problema adquiere una gravedad aún mayor. Inaugurado en 2018 como un pulmón verde moderno para la Comuna 3, hoy muestra las dos caras más críticas de una gestión deficiente del espacio común: la explotación comercial irregular en beneficio de unos pocos y el deterioro extremo de la seguridad.

​Por un lado, el predio se ha convertido en un escenario de lucro privado al margen de la ley. Durante la semana, distintas personas dictan clases aranceladas de tango, folclore y otras disciplinas sin contar con ningún tipo de autorización legal. Lo mismo sucede los domingos por la noche con una milonga que funciona sin permiso formal, pero que cuenta con el respaldo político de la presidencia de la Junta Comunal, alineada con un sector político opositor en la Ciudad. Alrededor de estas actividades operan además diferentes quioscos ilegales que venden alcohol en pleno parque. Nuevamente, un espacio público sostenido por todos se transforma en un negocio privado sin control.

​Por otro lado, la convivencia en el parque y su biblioteca se ha vuelto insostenible por el desborde de la inseguridad. La presencia permanente de personas en situación de calle dentro y fuera de las instalaciones —a quienes organizaciones civiles asisten con comida todos los días del año y el Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat aloja por las noches en micros estacionados en el lugar— ha transformado la dinámica del barrio.

​Mientras desde el Estado y las organizaciones sociales se argumenta que estos dispositivos buscan contener la emergencia habitacional, los vecinos padecen las consecuencias concretas en la calle. Según denuncian quienes viven en la zona, el entorno está atravesado por el consumo problemático de sustancias, la venta de drogas al menudeo y constantes incidentes y peleas entre consumidores, muchos de ellos con antecedentes penales. Frente a este escenario de riesgo permanente, las familias y los residentes directamente huyen del parque.

​Recuperar lo que es de todos

​El espacio público no puede seguir funcionando como un botín de reparto político, un salón de eventos privado ni una zona liberada donde el Estado traslada problemas sociales sin ofrecer soluciones de fondo, condenando a los barrios al miedo y al encierro.

​El desafío de las autoridades comunales y del Gobierno de la Ciudad no es seguir multiplicando subsidios ni tolerando ocupaciones irregulares que cronifican el conflicto, sino hacer cumplir la ley, garantizar la seguridad y devolverles las plazas a sus verdaderos dueños: los vecinos que las sostienen y que hoy solo pueden mirarlas desde afuera.

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