CABA
La intención es «requerir la intervención de la ONU para, por un lado, exhortar al Gobierno porteño a que implemente políticas que prevengan y detengan las acciones que vulneran los derechos humanos y, por el otro, crear conciencia pública sobre la problemática, las garantías y los derechos que el Estado debe garantizar».
El documento firmado por la Defensora General de la Ciudad, Marcela Millán, sostiene que “el incremento alarmante del número de quienes están viviendo en la calle tiene como contrapartida una política estatal que conjuga la ausencia de intervención pública adecuada con la estigmatización y la criminalización de esta población”.
Alli mencionan que, según datos del Relevamiento Nacional de Personas en Situación de calle (ReNaCALLE) de 2023, había 8.028 personas viviendo en la calle en la Ciudad de Buenos Aires, de las cuales el 49,1% había estado antes en esa misma situación, mientras que para un 48,3% era la primera vez. “La situación actual es más grave aún si se contemplan las estimaciones de quienes están en riesgo de situación de calle y si se toma en cuenta la información del propio Gobierno porteño que reconoció un crecimiento del 40% interanual de los y las sin techo en la Ciudad”.
En la presentación, la Defensa Pública hace referencia a las leyes nacionales y locales para la protección de los derechos y la atención integral para las personas que viven en la calle, repasa las campañas gubernamentales y declaraciones mediáticas de parte de distintos funcionarios públicos y señala el desfinanciamiento y recorte presupuestario de los programas locales destinados a atender esta problemática.