Retrocedimos varios años en el logro de derechos y fuimos sometidas a más hechos de violencia.
Los resultados de la encuesta sobre el “Impacto del COVID-19 en la vida de las mujeres”, que lanzó el pasado mes de mayo el grupo que lidera la investigadora del CONICET en el Instituto de Altos Estudios Sociales – Universidad Nacional de San Martín (IDAES/UNSAM), Dra. Karina Bidaseca, nos deja atónitos.
Se realizó en el marco de las acciones que realiza la “Unidad Coronavirus”.
El estudio comprendió dos encuestas en formato virtual; en el caso de los barrios vulnerables, in situ alcanzó un universo de 2.274 encuestas. El mismo se elaboró en clave feminista interseccional con una metodología descolonial feminista situada de participación/acción. En otras palabras, el estudio concibe la vulnerabilidad estructural como una variable histórica que se exacerba durante la pandemia, en donde “las vidas de las mujeres son expuestas a violencias estructurales interseccionales vinculadas íntimamente al racismo y al patriarcalismo que portan los cuerpos racializados y sexualizados”, señala Bidaseca, como a las formas de precarización materiales, físicas, emocionales como resultado de la afectación del COVID-19.
Mujeres vulnerables o en situación de vulnerabilidad y precariedad
El estudio abarcó un universo de 2.274 mujeres cis y trans/travestis de la Argentina, de las cuales 2.135 (93,8%) son urbanas y 139 rurales y rur-urbanas (6,1%), que residen en su mayoría en las zonas de contagio del COVID-19 (1.552 en AMBA – 68,2%), por Chaco (7,4%) y Córdoba (7%).
El estudio expuso la crisis de cuidados entre las mujeres urbanas durante el confinamiento, donde el 55,1% son jefas de hogar, responsables en su mayor parte de los trabajos domésticos y de cuidados. La sobrecarga de trabajo -doméstico, de cuidados y educativos- se expresa de forma significativa en la vida de las mujeres, por ejemplo, un 92,6% se encarga de acompañar las actividades escolares de sus hijos e hijas en el período de cuarentena. Asimismo, en relación a la co-participación en el reparto de las tareas, el 54,8% respondió que, entre todas las personas de la familia que son co-responsables, las mujeres son las que trabajan más.
Si bien la muestra evidencia un alto nivel educativo (60,8% tiene estudios terciarios y universitarios completos en la encuesta urbana y un 43,9% en la encuesta rural) resulta importante observar el impacto sobre las condiciones laborales de las mujeres: el aumento de la precarización del trabajo, la pérdida de ingresos -al ser parte muchas mujeres de las economías populares, artesanas- y por las propias condiciones materiales de infraestructura de los hogares y barrios donde residen. El estudio muestra cómo estos indicadores de vulnerabilidad se incrementan por segmentación entre mujeres afrodescendientes, trans/travesti, originarias, migrantes. El estudio muestra que un 7,5% de las mujeres urbanas durante la cuarentena sufrieron alguna forma de violencia. Según las encuestadas, la percepción de las violencias de género aumentó en un 84,6%, sin que esto implique necesariamente un aumento en el número de casos de violencia. De las mujeres rurales y rururbanas, la mayoría reside en las zonas calientes de contagio del COVID-19.
Las mujeres rurales y originarias, son principalmente afectadas por la destrucción de la naturaleza, al aumento de enfermedades relacionadas con la degradación medioambiental, el impacto del cambio climático, el uso indiscriminado de productos químicos, la falta de agua potable y la imposibilidad de acceder a los alimentos.En la muestra rural el 68,3% se trata de jefaturas femeninas, siendo que un 94,1% de las mujeres rurales y originarias respondieron ser las responsables del trabajo doméstico y de cuidados. En términos de brecha digital -solamente un 56,8% tiene acceso a internet desde su casa-, y se destacó la sobrecarga de trabajo en relación a la educación de sus
94,1% de las mujeres rurales y originarias respondieron ser las responsables del trabajo doméstico y de cuidados. En términos de brecha digital -solamente un 56,8% tiene acceso a internet desde su casa-, y se destacó la sobrecarga de trabajo en relación a la educación de sus hijos e hijas que depende de esta tecnología. En relación al acceso a los subsidios, el 22,3% recibe la AUH (Asignación Universal por Hijo) y el 20,1% recibió el IFE (Ingreso familiar de Emergencia).
Para las mujeres rurales y originarias encuestadas, se observó que un 18% sufrieron alguna forma de violencia de género. La percepción de las violencias de género aumentó en un 81,3%, sin que esto necesariamente represente un aumento de los casos.
